Mi involucración con cuestiones sociales se inicia a finales de los años 80 (del siglo pasado); por diversas cuestiones y dentro de diferentes organizaciones y ha proseguido hasta la actualidad; posicionándome siempre en contra de los desahucios, sobre todo de aquellos que se originan a partir de la imposibilidad de pagar una hipoteca, pero el peso de una medida social no puede recaer en la ciudadanía y en los pequeños propietarios.
A consecuencia de la pandemia de la COVID-19, el gobierno español -muy acertadamente- publicó dos Reales Decretos (11/2020 de 31 de marzo y 30/2020 de 29 de septiembre) por los cuales quedaban suspendidos los desahucios y alzamientos a personas y familias que cumplieran una serie de requisitos.
Es indudable que hay que proteger a las personas con escasos o ningún recurso; y el gobierno con esta legislación establece que no se le puede desahuciar a «quienes paguen un alquiler/una renta y se encuentren desempleados debido a la crisis del Covid-19, a quienes haya sufrido un ERTE, a quienes hayan visto reducida su jornada por cuidado de niños o personas mayores y a quienes se vean afectados por otras circunstancias que supongan una pérdida sustancial de ingresos».
Desde una perspectiva social: ¡perfecto!; no se puede echar a la calle a personas con vulnerabilidades sociales y económicas. Pues no; de forma radical: ¡No!.
La moratoria de desahucios hasta 2023 como han propuesto algunos partidos políticos, es un grave error desde varias perspectivas. La propuesta presentada de «no poder desalojar de la vivienda, ni cortar los suministros básicos a las familias sin alternativa habitacional al menos hasta el 31 de diciembre de 2021» es una equivocación a partir que de nuevo recae la responsabilidad social y económica sobre la ciudadanía y no sobre el sistema gubernamental de este país (desde el gobierno central hasta el municipal, pasando por los autonómicos y provinciales) y sobre las grandes empresas, incluidos los bancos.
Son los gobiernos los que tienen la obligación de actuar a través de servicios sociales y otras instituciones estatales en las situaciones de vulnerabilidad, sean estas las que sean y en el caso de los desahucios lo primero es crear una política de vivienda adecuada, es decir, viviendas sociales para personas que no tengan la posibilidad de pagar un alquiler o comprar -con o sin hipoteca-, pero desde luego no es la señora o el señor mayor que heredó un piso y lo alquila para complementar su paga o un trabajador que pidiendo una hipoteca sobre su vivienda adquirió otra y la tiene en alquiler quienes deben soportar el peso de unas medidas sociales.
¿Qué ocurre si esa persona que alquila también está en desempleo? ¿El gobierno también suspende el pago del IBI a estas viviendas? ¿Quién se hace cargo de las deudas a las compañías de electricidad?¿Los ayuntamientos cancelan el pago de las tasas de basura y agua? En el caso de que esa vivienda esté hipotecada ¿también se le ha dicho al banco que las cuotas hipotecarias no se abonan hasta que la pandemia pase? ¿Qué pasará si el único ingreso de una familia es esa cuota de alquiler?
Conozco casos en los cuales una familia han tenido que irse a vivir con sus progenitores y alquilar la vivienda en la que habitaban para poder tener un ingreso económico… ¿?
Las soluciones no pueden recaer siempre en la ciudadanía, sino que los estamentos políticos a través de las Administraciones Publicas han de asumir responsabilidades.
¿Han pensado y reflexionado quienes lanzan esta iniciativa que lo único que va a ocurrir es que subirán los precios de alquileres, se fortalecerá la solicitud de garantías y se retirarán del mercado muchas viviendas?
Cualquier pequeño propietario preferirá dejar cerrada su vivienda antes que alquilarla y no sólo no recibir la renta, sino además tener que pagar al propio Estado unos abonos por unos ingresos que no está percibiendo… porque ¿la agencia tributaria también paralizará los impuestos en caso de que un inquilino no pague por su situación de precariedad? Igual con esto se consigue que la situación de precariedad también recaiga en los pequeños propietarios… pero claro… siempre es mejor actuar contra la ciudadanía -sea el gobierno que sea- que enfrentarse a entidades financieras y grandes empresas.